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El Ministerio de Gobernación y Policía y sus instituciones adscritas: la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM), la Imprenta Nacional y la Oficina de control de Propaganda se verían afectadas en la operatividad y cumplimiento de sus mandatos legales, si se aprueban las mociones 7, 8, 9, 10, 11, 12, 108 y 109 realizadas por la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios al Presupuesto Nacional para el 2021.

“Es mi responsabilidad alertar a los diputados y diputadas de la República del serio impacto en la continuidad de los servicios de nuestras instituciones adscritas, ya que nuestro presupuesto se redujo previamente por el Ministerio de Hacienda en un 24,24% correspondiente a 14.799.000.000,00 millones de colones, en comparación al presupuesto del 2019 y las deducciones que consignan las mociones reducen partidas relevantes para nuestra operatividad”, enfatizó Carlos Andrés Torres Salas, viceministro de Gobernación y Policía.

Los recursos ya se encuentran comprometidos en proyectos detonantes de desarrollo y en contrataciones previas de servicios básicos para la operación que aseguran la continuidad del servicio al usuario.  De ejecutarse las reducciones al presupuesto los impactos encaminarían al Ministerio y sus instituciones adscritas a un cierre técnico, detallamos parte de las afectaciones:

Actividad Central: Pago por alquiler del edificio para el año completo del 2021, seguros, servicios de agua, luz y telecomunicaiones, viáticos y combustible para las giras de inspección policial, fiscalización de recuros otorgados a las municipalidades que por ley deben transferirse, giras del Viceministro para atención de temas urgentes en zonas fronterizas, Proyecto contra la Trata de Personas: “Comunidad No Trata con la Trata, control de activos, estudios de la Auditoría Interna, entre otros.

La partida de Información que es primordial para el cumplimiento de las publicaciones en el Diario Oficial la Gaceta, y las de Mantenimiento y reparación de mobiliario, equipo de cómputo, compra de materiales para limpieza y otras prestaciones que fueron afectadas totalmente por los recortes al presupuesto 2020, con el fin de dar atención a la emergencia por Covid-19 y quedaron con pendientes muy importantes para la ejecución y cumplimiento de los objetivos.

Tribunal Administrativo Migratorio: Estas reducciones implicarían que las funciones sustantivas y ordinarias del TAM entren en una situación de alto riesgo al no cumplir a plenitud, según los mandatos legales que vía artículos 25 a 30 de la Ley General de Migración y Extranjería, le compete al Tribunal. Es importante tener en consideración que en los últimos tres años, el promedio de recursos de apelación resueltos por el Tribunal, rondan 1200 y se proyecta para los años 2020 y 2021, conservadoramente atender 1500 recursos a resolverse, por cada año, con clara tendencia al aumento  de dichas proyecciones.

Así las cosas, puede que el sistema administrativo migratorio costarricense en general se compromenta perjudicialmente, generando consecuencias negativas en la calidad del servicio público y  en los derechos humanos, dado que detrás de cada expediente y de cada recurso de apelación, está implicada la dignidad de una persona.

Dirección General de Migración y Extranjería: La afectación de estas reducciones se direccionan a todos los habitantes de este país, nacionales, extranjeros, al turismo y a la seguridad nacional.  Se pone en riesgo el cumplimiento de las disposiciones que nuestra institución adscrita debe cumplir por Ley de garantizar operaciones a nivel nacional en jornadas 24/ 7/ 365, no se podrían ejercer óptimos controles migratorios, resguardar nuestras fronteras, cumplir con horarios en aeropuertos y puestos fronterizos, terrestres y marítimos, con un impacto negativo en los ámbitos antes señalados entre muchos más.

Imprenta Nacional: Si se realizan  los recortes propuestos se corre el riesgo de faltar a la disponibilidad de los servicios, así como el riesgo de caídas de los sistemas e interrupciones en la productividad y la carencia de un sitio alterno de contingencia que permita la continuidad de las operaciones de nuestra adscrita, ante posibles desastres o incidentes que afecten la operación de la institución. Existen dos contratos para  el período 2021, que las empresas estarían facultadas por ley para querellar a la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional por incumplimiento de pagos.

Oficina de Control de Propaganda: Las reducciones perjudican a la OCP para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 5811, la Constitución Política, la Política Pública Nacional contra la Violencia contra las Mujeres PLANOVI, inclusive compromisos de Estado con la Convención CEDAW, en tanto la Oficina trabaja en la atención y prevención de la violencia simbólica, de género y en la atención de denuncias ciudadanas ante publicidad comercial que atenta contra la dignidad de las personas, en especial de las mujeres.

Como se puede constatar, estas rebajas comprometen seriamente la funcionalidad de la Oficina, misma que durante el 2019 atendió 319 casos relacionados a publicidad comercial que atenta contra la dignidad de las personas y representa una manifestación compleja de violencia simbólica y sexismo, que favorece la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, de ahí la importancia medular de si se quiere luchar contra la violencia de género, atender de la mejor manera la competencia de la Oficina.

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad: De aplicarse los rebajos en las diferentes partidas afectaría el adecuado funcionamiento DINADECO en oficinas centrales, así como las direcciones regionales siendo imposible el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley 3859.

Lo anterior genera una afectación en todas las comunidades del país al no poder ser atendidas las necesidades de las asociaciones de desarrollo en cuanto a elaboración y desarrollo de proyectos de interés comunal y cantonal. Debe resaltarse también que el rebajo en los recursos de carácter operativo tales como alquileres pago de servicios y mantenimiento implicaría incumplimientos contractuales, así como cierre inmediato de oficinas.