II Jornada Migratoria: Sociedad Civil actor indiscutible en el abordaje del Covid-19 en Costa Rica.

El viceministro de Gobernación y Policía, Carlos Andrés Torres Salas, en su participación durante la II Jornada Migratoria, en el panel que trató el tema de Sociedad Civil: actor indiscutible en el abordaje del Covid-19 en Costa Rica, destacó la relevancia de la sociedad civil como ente fiscalizador, propositivo y activo dentro del Consejo Nacional de Migración, del cual es su Presidente.

“Debido al embate del COVID-19 los países de la región establecieron acciones de restricción en sus fronteras para evitar la propagación del virus, garantizar la seguridad de sus poblaciones y de las personas en tránsito. Muchas de estas acciones fueron tema en el Consejo Nacional de Migración y la sociedad civil fue un actor vital, para el desarrollo de acciones, su respectivo acompañamiento y evaluación”, señaló el Viceministro.

Costa Rica cerró fronteras terrestres en marzo y luego estableció cápsulas sanitarias para movilizar personas nicaragüenses que se encontraban en la frontera panameña y se dirigían a su país. El Estado buscó garantizar los derechos de las personas migrantes y evitar una propagación mayor del virus en el territorio.

El Consejo Nacional de Migración es el órgano asesor del Poder Ejecutivo en temas migratorios y, por ley, está compuesto por el Ministerio de Gobernación quien lo preside, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Instituto de Turismo, la Caja Costarricense de Seguro Social, y dos personas representantes de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema migratorio, cuya escogencia la realiza la Defensoría de los Habitantes. En la actualidad, esta representación recae en dos organizaciones, el Centro de Derechos Laborales y Enlaces Nicaragüenses.

Es en este espacio donde el Estado, por medio de las personas que lo representan y dichas instituciones, dialogan de igual a igual con la sociedad civil en la búsqueda del bienestar de las personas migrantes.

En el seno de este Consejo los representantes de la sociedad civil dan seguimiento al Plan de Trabajo para la fiscalización y el cumplimiento de las metas. Este Plan abarca temas como el Fortalecimiento de los servicios migratorios; el marco normativo migratorio; salud y migración; la evaluación y rendición de cuentas sobre la Política Migratoria integral 2013-2023 y su Plan de Acción; el seguimiento al Marco Integral Nacional de Atención y Respuesta a los Refugiados (MINARE); estrategias para atraer cooperación internacional para el fortalecimiento de los proyectos migratorios; el seguimiento del Plan Nacional de Integración 2017-2021; el seguimiento al accionar del Tribunal Administrativo Migratorio; la migración laboral; temas de refugio; de migraciones extraregionales; protección complementaria o humanitaria; visas; los procesos de regularización migratoria y personas en condición de vulnerabilidad, en el marco del cumplimiento efectivo de las normativas sobre Derechos Humanos.

Las organizaciones representadas ante el Consejo de la sociedad civil han realizad trabajos fundamentales con las comunidades de personas migrantes, en estos tiempos de COVID. Por un lado, la organización Enlaces Nicaragüenses ha enfocado su trabajo en estos meses en  temas de atención comunitaria: labores de seguimiento, recolección y distribución de paquetes de alimentos para familias; organización y movilización; conformaron de la coalición de “Mujeres migrantes frente al COVID-19”; el fortalecimiento de alianzas con la Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones y Refugio (REDNAM) y la Academia; además, ha fortalecido el enlace con las comunidades y las organizaciones internas; se realizó la propuesta de protección a menores de edad costarricenses a través de la regularización de padres y madres en condición irregular; trabajó en la moratoria en vigencia del artículo 33 de la Ley General de Migración, el cual establece  que toda persona extranjera al ingresar el país debe portar un documentos de viaje válido extendido por una autoridad competente.

El Centro de Derechos Laborales, realizó una investigación en el seno de las poblaciones migrantes afectadas por el COVID, cuyos resultados son insumos importantes para el accionar del Consejo y de las instituciones que lo componen. También realizó acciones de acompañamiento a la población migrante, tanto en el Centro de Atención de Migrantes (CATEM) Norte y el Sur en las caravanas sanitarias.

 

  • Última Actualización: Viernes 03 Septiembre 2021.
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